La idea de mantenerse seguros en la Comunidad de Madrid está cobrando cada vez más fuerza debido al aumento de robos que se está produciendo en determinadas ciudades de la zona. Esta demanda de videovigilancia está creciendo sobre todo en comunidades de propietarios, tiendas y establecimientos hosteleros. De hecho, muchos comerciantes consideran imprescindible la instalación de cámaras en sus negocios para garantizar tanto la seguridad de los empleados como de los clientes, debido a las constantes agresiones que sufren por parte de delincuentes. Así lo afirma Luis Pacheco, presidente de la Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM).
Pero no siempre llueve a gusto de todos y la implantación de este tipo de sistemas de seguridad comienza a abrir debate sobre la intromisión en la intimidad de los ciudadanos, que son grabados en la calle continuamente e incluso en entornos más íntimos como pueden ser los portales de viviendas.
Para solventar estas dudas, la Agencia de Protección de Datos ha aclarado que la ley exige el cumplimiento de tres requisitos fundamentales para realizar estas grabaciones: los lugares videovigilados deben estar señalizados, hay que eliminar las imágenes en el plazo de un mes desde su captación y no se debe vigilar más allá del espacio autorizado.
Por su parte, las administraciones públicas no se quedan atrás. Los sistemas de seguridad ya están presenten en numerosos lugares públicos, edificios y transportes llegando a un total de 42.432 espacios controlados por cámaras. Esto supone un 19% más que en 2014, según datos de la Agencia de Protección de Datos.
Sobre el autor